La investigación de Henningsen se centra en el mayor proceso contra la brujería abierto por la Santa Inquisición: el que se vió ante el tribunal de Logroño el año 1610, que tuvo como resultado siete condenas a la hoguera y cinco más 'en efigie', junto con otras penas menores, y más de sesenta personas detenidas en las cárceles inquisitoriales durante la instrucción del mismo. La idea de las brujas vasconavarras -herederas de una supuesta religión 'tradicional'- perseguidas por los malvados sicarios de la temible Inquisición española, constituía una imagen tan poderosa que, junto a la relevancia del caso, proporciona la clave de su 'fama' en la historiografía tradicional. Desde la instauración del liberalismo en España, Zugarramurdi constituyó una suerte de "lugar de la memoria" en la lucha contra el oscurantismo y la represión. Este proceso ha sido también llevado, con numerosas distorsiones de la veracidad histórica, a la literatura y el cine.
Lo cierto es que tenemos abundantes testimonios de la reticente postura de la Inquisición española -también la romana- sobre el tema de la brujería. Como han puesto de relieve Ricardo García Cárcel y otros investigadores, destacados personajes de la institución, como Fernando Valdés, más tarde Inquisidor General, habían manifestado ante el Consejo de la Suprema, ya en 1525, que "todos los más juristas de este Reyno an tenido por cierto que no ay bruxas", y que no eran sino producto de la imaginación de las gentes. Con frecuencia, la Inquisición decidió expresamente desentenderse de estos casos, trasladándolos a la jurisdicción episcopal o a la civil.
Pero a principios del siglo XVII la 'caza de brujas' alcanzaba uno de sus puntos álgidos en prácticamente toda Europa. Las luchas de religión, los conflictos internacionales, las crisis alimentarias y económicas o el empobrecimientos de diferentes capas sociales se conjuraban para imbuir temor en la sociedad, espolear el fanatismo y azuzar la búsqueda de chivos expiatorios. En el vecino reino de Francia (Zugarramurdi se halla sobre la misma frontera), un juez del Parlamento de Burdeos, Pierre de Lancre, acababa de condenar decenas de personas por este delito, en un proceso inquisitorial que desató la histeria colectiva a pocos kilómetros de los valles navarros.
Es posible que muchos jerarcas de la Inquisición desconfiaran de las denuncias por brujería pero, para la iglesia católica, la acción del Diablo en el mundo a través de numerosos agentes era un hecho incuestionable, y también había numerosos inquisidores que compartían los temores populares. En concreto, en el tribunal de Logroño -que cubría casi todo el inmenso territorio de la antigua diócesis romana de Calahorra, incluyendo los valles vascos- fueron recibidas con preocupación las noticias que hablaban de casos de brujería que infestaban la montaña al norte de Pamplona.
La primera inspección arrojó acusaciones contra cerca de quinientas personas. Imbuídos por sus convicciones religiosas, y espantados ante la gran cantidad de denuncias que llegaban desde la frontera, los inquisidores creyeron las acusaciones, y llevaron adelante las indagaciones y el proceso. Una cuarentena de personas fueron trasladadas a Logroño e interrogadas
Poco antes había llegado a dicho tribunal un joven clérigo, Alonso de Salazar Frías, con una sólida formación teológica y también jurídica; se trataba de un protegido del arzobispo de Toledo. En un primer momento, los tres inquisidores estuvieron de acuerdo en que las confesiones voluntarias concordaban en todos los hechos principales y demostraban la existencia de brujas. Estas debían ser castigadas, pero no sometidas a la hoguera, por su reconocimiento del delito. Tan sólo una de las inculpadas, María de Zozaya, considerada inductora y organizadora de la secta, debía morir de esta horrible manera. Estas conclusiones motivaron la protesta del fiscal San Vicente, que informó a la Suprema Inquisición de la excesiva benevolencia con que se estaba juzgando el caso. Pero de las 21 supuestas brujas y brujos encausados, sólo nueve habían confesado: cuatro procedían de Zugarramurdi, y cinco de Vera, Echalar o incluso Rentería.
La discrepancia estalló entre Salazar Frías y sus compañeros cuando se trató de valorar qué debía hacerse con aquellos que seguían negando la práctica de la brujería. Para los inquisidores Alonso Becerra Holguín y Juan Valle Alvarado, esto no era sino una muestra de su culpabilidad y contumacia. Una vez establecida la existencia del grupo de brujos y brujas, las acusaciones existentes contra ellos bastaban para condenarles. Salazar Frías, en cambio, opinaba que debía procederse a nuevos interrogatorios, tortura incluída, y un cuidadoso examen de las declaraciones, que debían ser contrastadas con alguna clase de pruebas. Prevaleció el criterio de la mayoría y, el 7-8 de noviembre de 1610, se celebró un gran Auto de Fe, en el que también comparecieron veinticinco personas más acusadas de diversas herejías y delitos morales. Lo extraño de que en un Auto de Fe fueran condenadas brujas y en tan gran número se demuestra porque, durante mucho tiempo, éste de Logroño fue conocido en los ambientes de la Inquisición como el de las brujas.
Según Henningsen, los inquisidores esperaban que la lectura de las sentencias de muerte, en medio del terrorífico ceremonial público que rodeaba el Auto de Fe (una especie de remedo del Juicio Final), llevara a los condenados recalcitrantes a confesar su participación en la secta brujeril, y les pudiera ser así ahorrado el suplicio en la hoguera. Pero los seis mantuvieron su negativa a reconocerlo.
Las noticias de lo sucedido en Logroño alarmaron al Consejo de la Suprema que, de todas maneras, tomaba el asunto en serio. El Inquisidor General envió el 25 de febrero de 1611 una carta al tribunal ordenándole hacer un detallado informe de la situación, animándoles también a explicar cómo estaban combatiendo la brujería y aceptando sus sugerencias. Incluso se pensó en traladar el tribunal a Pamplona por hallarse esta ciudad más cerca de las áreas conflictivas.
Si los planes de los Inquisidores de Logroño consistían en desatar una lucha sin cuartel contra las brujas, que abarcase el conjunto del territorio vasco y que impusiese un auténtico 'estado de sitio', en Madrid sus razones no acabaron de convencer a muchos. También el obispo de Calahorra manifestó no tener constancia de brujas en su jurisdicción, y el obispo de Pamplona afirmó haber enviado algunos religiosos a la zona para recabar información, recibiendo informes decepcionantes que dudaban de la veracidad de muchas declaraciones, particularmente de niños. Esta idea se reafirmó en una 'visita' que el propio obispo realizó a las parroquias de aquellos valles, y por las noticias que llegaban de sus rectores.
Finalmente, la Suprema se decidió a enviar a la frontera a Alonso de Salazar Frías. Su misión era llevar a cabo una amplia investigación, amparado en un nuevo 'Edicto de Gracia' con seis meses de duración. Durante este tiempo, todas las personas que declararan ante el inquisidor sus culpas o las de otros serían tratadas con benevolencia. Quedaban incluídos también los acusados que aún permanecían en las prisiones de la Inquisicón, aunque no aquellos que ya hubieran sido declarados culpables. Al mismo tiempo, se indicaba que los párrocos no debían negar los sacramentos a quienes se hubieran acusado de brujería y no se les debía privar de confesión. Se animaba incluso a los investigadores a prestar cuidadosa atención a las declaraciones que hicieran referenia al mismo aquelarre o reunión de brujas, para comprobar la veracidad de las mismas.
La documentación recogida por Salazar era ingente. Ocupaba más de once mil páginas. Se acusaba de brujería a más de mil ochocientas personas (pero más de dos tercios de las mismas eran niños). La interpretación que Salazar Frías hizo de todo ello resultaba demoledora. Para el inquisidor, no existía evidencia alguna del delito de brujería, tan solo una histeria colectiva desatada a raíz de los acontecimientos franceses. Las autoridades locales se habían sumado a las creencias populares, y la coincidencia en las descripciones de las prácticas brujeriles había conseguido engañar a los inquisidores. Se llegaba al extremo de que, cuando él se personaba en un valle para recabar información, la población del valle vecino exigía también que el señor inquisidor buscase brujas en su zona, aunque sólo fuese para no ser menos que los demás y no privarse de la presencia de tan ilustre visitante. Salazar cuestionaba las prácticas seguidas en el tribunal de Logroño, sin eludir su propia responsabilidad, y se preguntaba, en un profundo ejercicio de racionalismo y honestidad: "...la cuestión real es: ¿Vamos a creer que la bruxería ocurre en una situación dada simplemente porque lo digan las bruxas?". Puso de relieve la existencia de numerosas contradicciones que hasta entonces habían escapado a la atención del tribunal, y la imposibilidad de que los imputados hubiesen realizado los actos de que se les acusaba o de que se acusaban, enviando incluso a sus secretarios a supuestos lugares de los hechos para recabar evidencias.
Su informe a la Suprema Inquisición de Madrid encontró un eco favorable. El 31 de agosto de 1614, ésta dictará unas instrucciones para todos los casos de brujería basadas en sus opiniones. Salazar Frías no sólo no fue sancionado por sus críticas a los procedimientos seguidos en un tribunal del organismo sino que más adelante llegó a presidir el Consejo de la Suprema. Contra la creencia tradicional, no fue la Inquisición española el principal motor de la caza de brujas; en su momento controlaron las crecientes histerias populares y el celo de las autoridades propias del territorio. Casos similares, donde el criterio de la Inquisición contradecía las certidumbres de los habitantes, han podido ser comprobados en otros muchos lugares, como han mostrado Henry Kamen o William Monter, y como hemos documentado Doris Moreno y yo mismo en Cataluña. Entre tanto, en otros lugares de Europa, los cálculos más conservadores hablan de decenas de miles de brujas ejecutadas, particularmente en Alemania, Francia y Suiza.En la Monarquía española, fueron mucho más activos en la persecución de la brujería, y más culpables de sentencias injustas, las autoridades civiles locales que la Inquisición.
Esto no excluye en absoluto la responsabilidad que las autoridades eclesiásticas tuvieran en estas creencias populares. Era sobre la base de las enseñanzas del clero que aparecían tales convicciones. Las iglesias cristianas (católicas o protestantes) insistían constantemente en las acciones del Diablo a través de libros y sermones. Las declaraciones coincidentes de las brujas no pueden entenderse sin el difundido conocimiento entre el pueblo de toda una imaginería sobre lo demoníaco. Incluso el propio Salazar Frías encabezaba sus argumentos señalando que "no es útil ir diciendo que la evidencia de brujería es cierta. Nadie duda de esto...". La misma Inquisición generalmente escéptica ante los delitos de brujería fue la que siguió castigando algún caso aislado de este tipo incluso en el siglo XVIII, cuando la Europa ilustrada ya había ridiculizado dichas creencias.
Por encima de todo, queda el ejemplo de una persona con responsabilidades -Salazar Frías- que antepone la lógica y el razonaminto a lo que pudieran ser las conveniencias del momento. Cierto que, como miembro de la élite eclesiástica, sabía perfectamente que sus dudas sobre ciertos casos de brujería no serían vistas en Madrid con una segura desaprobación, pero manifestarlas implicaba criticar duramente lo realizado por sus compañeros y por él mismo. Quizá su rigor y honestidad intelectual es lo único que puede sacarse en positivo de toda esta historia; demasiado a menudo conmemoramos personajes de nuestro pasado que cimentan principalmente su gloria sólo en la destrucciókn y el sufrimiento. Me parece muy significativo del olvido que sufren los mejores que Alonso de Salazar Frías cuente con una bien documentada referencia en la versión inglesa de la Wikipedia y, en cambio, no se haya escrito ninguna en castellano. Su nombre ni siquiera aparece mencionado en la voz Zugarramurdi, donde también se habla del proceso de las brujas.
Esta bella localidad navarra cuenta con unas grandes cavernas denominadas "la cueva de las brujas", y con un nuevo museo y centro de interpretación sobre el caso. Podemos apreciar los límites de la divulgación histórica, y los valores que rigen nuestros tiempos en el hecho de que los folletos que se reparten a los visitantes no llegan siquiera a desmentir la existencia de brujas (hacen uso de una calculada ambigüedad) y no mencionan para nada los debates que hubo en la Inquisición en torno a este trascendental proceso. Parece que el componente de atracción turística resulta mucho más importante para nuestras instituciones que la auténtica difusión cultural. Ya no creemos en brujas para perseguirlas, pero si para explotar su recuerdo.
Me lo leí en la facultad y lo estuve persiguiendo durante años hasta que por fin lo reeditaron. Muy buen post en torno a tan interesante libro. Lo único en lo que habría que debatir es aquello que dice de "Ya no creemos en brujas para perseguirlas..." Aquí en España no, pero por ejemplo en ciertas zonas de África sigue ocurriendo.
ResponderEliminarUn saludo